Ayer, nuevos informes revelaron que el Departamento de Seguridad Nacional de Trump solicitó al Departamento del Tesoro, dirigido por un exejecutivo multimillonario de Wall Street, reasignar a miles de agentes del IRS de sus funciones esenciales de investigación y aplicación de las leyes fiscales del país, así como de la persecución de evasores fiscales adinerados, para convertirlos en oficiales de inmigración.
Este movimiento sin precedentes debilitaría la capacidad de la agencia para perseguir a evasores de impuestos acaudalados y a corporaciones que, en algunos casos, han pasado años evitando el pago de miles de millones en impuestos. En respuesta, Americanos por la Equidad Fiscal emitió la siguiente declaración:
“Esta solicitud del Departamento de Seguridad Nacional es un descarado abuso de poder destinado a favorecer la agenda antiinmigrante del Presidente, mientras permite que sus patrocinadores multimillonarios se enriquezcan a costa de los contribuyentes. Muchos de estos agentes están asignados a la investigación de fraudes fiscales corporativos de alto nivel. Retirarlos de sus funciones genera más oportunidades para que los ricos y bien conectados evadan su debida contribución fiscal”, afirmó David Kass, Director Ejecutivo de ATF.
“Muchos inmigrantes indocumentados pagan una tasa impositiva efectiva más alta que la de muchas corporaciones importantes. Trump y sus aliados multimillonarios continúan enfocándose en demonizar a nuestros vecinos y miembros de la comunidad, al tiempo que amenazan con deportar a trabajadores inmigrantes que contribuyen de manera sustancial a la economía de Estados Unidos. Los agentes del IRS nunca deberían ser utilizados como piezas políticas para cumplir objetivos ajenos al mandato de la agencia. El Congreso debe investigar de inmediato y detener este abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo.”
Recientemente, los senadores demócratas, como parte de sus esfuerzos de supervisión, han puesto en marcha un formulario para que empleados gubernamentales puedan denunciar de manera segura cualquier actividad ilegal dentro del gobierno federal.