La ley tributaria de Trump, el vencimiento de los créditos de atención médica y los aranceles de Trump han aumentado los impuestos en $850 para la mayoría de los latinos, mientras benefician al 1% más rico

Este Día de los Impuestos, casi todas las familias latinas están pagando $850 más en impuestos, mientras que el 1% más rico de los hogares recibe un recorte fiscal de $8,850, según un nuevo análisis de Americans for Tax Fairness (ATF) basado en datos del Institute for Taxation and Economic Policy (ITEP). Muy pocas familias latinas están en el 1% superior, por lo que se ven afectadas por la ley fiscal y de gasto del año pasado aprobada por el GOP; la expiración de los créditos fiscales para las primas de atención médica; y los aranceles del presidente Trump.

Según los hallazgos de ITEP, en 2026 los hogares con ingresos de más o menos $360,000 obtendrán un beneficio financiero neto de las tres políticas republicanas. Y quienes tienen ingresos de más o menos $920,000 serán quienes reciban la mayor parte de ese beneficio. El ingreso medio de las familias latinas en 2024 (el año más reciente con datos disponibles) fue de aproximadamente $71,000. Casi el 90% tenía ingresos por debajo de $200,000. Entre el 1% superior que más se beneficia de las políticas del GOP están los multimillonarios de Estados Unidos, quienes en solo los 16 meses posteriores a la reelección de Trump vieron crecer su fortuna colectiva en casi $2 billones.

“La política fiscal republicana está castigando a las familias latinas mientras impulsa las fortunas de los multimillonarios”, dijo David Kass, director ejecutivo de ATF. “Este Día de los Impuestos es un buen momento para evaluar el impacto desigual de las políticas fiscales republicanas: para los latinos, en conjunto, han significado mayores costos para la atención médica y otras necesidades. Mientras tanto, los multimillonarios (que son casi todos blancos) se han vuelto billones de dólares más ricos, en parte gracias a las concesiones fiscales del Partido Republicano a los ricos.”

Sources: ITEP; Census Bureau

Source: Americans for Tax Fairness

El pasado julio, Trump y sus compañeros republicanos promulgaron la H.R. 1, la llamada One Big Beautiful Bill Act, una enorme ley de impuestos y gasto que, incluyendo los intereses añadidos a la deuda, costará más de $4 billones durante la próxima década. La mayor parte de ese gasto proviene de $4.5 billones en recortes de impuestos que benefician sobre todo a los más ricos. El 20% de los hogares estadounidenses con mayores ingresos recibirá el 70% de los recortes de impuestos en 2026, y el 1% más rico, es decir, quienes tienen ingresos de aproximadamente un millón de dólares o más, recibirá $1 billón durante la próxima década. Si los componentes temporales de la ley finalmente se hacen permanentes, el costo total aumentaría a $5.5 billones.

Esos recortes de impuestos se pagaron en parte con recortes a servicios humanos vitales. Aproximadamente 15 millones de personas probablemente perderán la cobertura de salud durante los próximos ocho años debido a los recortes a Medicaid y al hecho de que la ley no amplió los créditos fiscales mejorados para las primas que permiten comprar cobertura bajo la Affordable Care Act. Si la exclusión de Medicaid es proporcional a la participación en el programa, alrededor de tres millones de latinos podrían perder su cobertura. Cerca de un millón de latinos están en riesgo de perder la cobertura de la ACA porque se permitió que expiraran los créditos fiscales mejorados para las primas. Unas cuatro millones de personas perderán asistencia nutricional o verán sus beneficios reducidos de forma sustancial. A diciembre de 2025, Protect Our Care había contado 600 hospitales, clínicas y residencias de ancianos que habían cerrado o estaban en peligro de cerrar debido a los recortes de salud de la ley republicana.

Mientras tanto, durante todo el último año, Trump ha impuesto unilateralmente una desconcertante variedad de aranceles a las importaciones de todo el mundo. Los aranceles diseñados con cuidado pueden ser una herramienta para proteger las industrias y los empleos nacionales. Pero el enfoque disperso de Trump, dirigido tanto a socios comerciales amistosos como hostiles, tiene como principal efecto elevar los costos para las familias estadounidenses. (Incluso después de que la Corte Suprema determinara que la base de muchos de los aranceles originales de Trump era inconstitucional, Trump restableció gran parte de su régimen arancelario bajo una autoridad distinta.)

La combinación de recortes de impuestos y de servicios, más los aranceles de Trump, impondrá a los estadounidenses del 80% con menores ingresos —cuatro de cada cinco personas— un promedio de $793 en costos más altos este año, según un análisis de ATF de datos del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP). El mismo análisis muestra que el 1% con mayores ingresos disfrutará en promedio de un ahorro acumulado de $8,850.

POLÍTICAS FISCALES DE TRUMP Y EL GOP: quienes se benefician y quienes salen perjudicados

Este Día de los Impuestos, mientras los estadounidenses ponen al día sus cuentas con el IRS, hay otro cálculo que hacer, uno que identifica a las personas ganadoras y perdedoras de las políticas fiscales de Trump y el GOP. Las decisiones republicanas sobre impuestos, gasto y aranceles durante el último año han beneficiado a los hogares ricos y a las grandes corporaciones, al tiempo que han hecho la vida menos asequible para el resto. Solo una reforma fiscal audaz e integral puede revertir este resultado al asegurar que los ricos y las corporaciones contribuyan con una parte más justa a nuestra prosperidad nacional, y al restaurar, ampliar y mejorar los servicios públicos de los que dependemos para salir adelante.

BENEFICIADOS: Miembros ricos del Congreso

Los miembros del Congreso están entre los pocos estadounidenses que pueden ayudar a establecer sus propias reglas fiscales. Mediante sus votos, senadores y representantes pueden ayudar a bajar o subir tasas, abrir o cerrar lagunas legales, iniciar o terminar beneficios especiales. Cuanto más rico es un miembro del Congreso y cuanto más ingreso tiene, mayor es su interés personal en dar forma al código tributario.

NOTA: Los informes de divulgación financiera del Congreso enumeran activos e ingresos en rangos, no en montos específicos. El análisis aquí se basa, por lo general, en las cifras del rango superior. Además, las descripciones de activos e ingresos no están estandarizadas entre los informes, por lo que las conclusiones aquí se basan en la mejor interpretación posible de los datos. Vea la metodología aquí.

Los miembros ricos que podrían haberse beneficiado de la ley por la que votaron incluyen:

Source: Americans for Tax Fairness

AYUDÓ: Grandes corporaciones

Aunque el foco principal de la ley fiscal y de gasto Trump‑GOP de 2025 fue la extensión permanente de recortes de impuestos individuales que estaban programados para expirar—recortes que favorecían de forma desproporcionada a las personas más ricas—las grandes corporaciones también recibieron costosos regalos fiscales.

Depreciación adicional (bonus depreciation)

Según las reglas contables estándar, el costo de equipos de larga duración—como maquinaria y vehículos—comprados por una empresa debe deducirse en partes iguales a lo largo del tiempo para reflejar la lenta pérdida de valor. Pero la nueva ley, en cambio, permite a las empresas deducir el costo total de esas grandes compras en el año en que se adquieren. Esta enorme exención para las empresas costará 363 mil millones de dólares en ingresos perdidos durante la próxima década. La pérdida de ingresos por este único beneficio fiscal es casi el doble de la cantidad recortada de la asistencia alimentaria en la ley republicana, un recorte que pone en riesgo la salud nutricional de unos cuatro millones de personas.

Las corporaciones gigantes están entre las mayores beneficiarias de este vacío legal. Solo el año pasado, Amazon redujo su factura fiscal en 6.5 mil millones de dólares gracias a la depreciación adicional; Meta (Facebook) en 4.9 mil millones; y Alphabet (Google) en 3.3 mil millones.

Deducción inmediata de gastos de investigación y experimentación (R&E expensing)

Durante los últimos años, se exigía a las empresas deducir con el tiempo (amortizar) el costo de la investigación y experimentación, lo cual refleja los beneficios de largo plazo de gran parte de esa investigación. La nueva ley permite, en cambio, deducir el costo total de la investigación en el mismo año en que se incurre. Este vacío legal hará que se pierdan 141 mil millones de dólares en ingresos públicos durante la próxima década. Eso es casi suficiente dinero como para haber evitado los recortes a la asistencia nutricional mencionados arriba.

Solo Meta el año pasado evitó 12.6 mil millones de dólares en impuestos debido a la deducción inmediata de I&E.

Regla más laxa para la deducción de intereses

Las grandes empresas pueden deducir los intereses al calcular sus impuestos, aunque solo en la medida en que no excedan el 30% de sus ingresos. Pero existen distintas maneras de definir “ingresos”. Durante los últimos años, se había exigido a las empresas usar una versión más estricta de ingresos, lo que daba como resultado una cifra menor y, por lo tanto, un límite más estricto para la deducción de intereses. La nueva ley republicana cambió la definición de ingresos para crear una cifra mayor y, por tanto, deducciones más grandes.

Entre los mayores beneficiarios de la regla más laxa de deducción de intereses están las firmas de capital privado (private equity). El capital privado utiliza grandes fondos de dinero invertidos por personas ricas y otras entidades para comprar empresas, a menudo recortar costos de manera drástica y luego revenderlas con la esperanza de obtener ganancias.

PERJUDICÓ: Prototipos de sufrimiento individual

Muchos ganadores individuales del sistema fiscal Trump‑GOP son fáciles de identificar porque son ricos, famosos y poderosos. En cambio, el sufrimiento de las víctimas individuales de esas mismas políticas republicanas suele ocurrir fuera de la vista del público. Para abordar esta discrepancia, el Progressive Caucus Action Fund (PCAF) ha desarrollado perfiles prototipo de los tipos de personas y familias que resultan peor debido a la gran ley fiscal y de gasto del GOP aprobada el año pasado.

Entre estos sustitutos de víctimas reales está una mesera de 45 años llamada Angela, madre soltera de dos hijas. Se explica que gana demasiado poco como para beneficiarse de la disposición de la ley del GOP de “no impuestos sobre las propinas”; pero que su hija mayor, Michelle, enfrentará mayores costos de préstamos estudiantiles debido a una opción de pago cancelada por la ley. Michelle también será expulsada del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) porque no puede reunir suficientes horas de trabajo.

Otro prototipo es una pareja de refugiados que ingresó legalmente al país desde Sudán. Como todavía no son residentes permanentes legales, la ley del GOP les niega el acceso a SNAP, Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), a pesar de que tienen una hija pequeña que necesita atención médica compleja. Aunque ambos padres trabajan largas jornadas, la nueva ley también los descalifica para recibir el Crédito Tributario por Hijos.

También hay una ingeniera eléctrica de 27 años que perdió su trabajo en energía solar porque la ley republicana rescindió el financiamiento para energía limpia. Con la pérdida de ingresos, no podrá costear su seguro médico sin los créditos fiscales mejorados para primas que la ley del GOP no extendió. Además, deberá miles de dólares más en sus préstamos estudiantiles.

pareja en sus 40 fotografiada en el pueblo real de Forks, Washington, representa las dificultades que la ley ha creado para las comunidades rurales. Debido a recortes a Medicaid, el hospital local podría cerrar, dejando a la población del pueblo con un viaje de más de una hora hasta el centro médico más cercano. La madre del esposo también podría perder su cobertura de Medicaid por requisitos complicados y burocráticos creados por la ley del GOP. El asma de su hijo empeorará por los autobuses escolares diésel que podrían haberse reemplazado por vehículos eléctricos si la ley no hubiera recortado los programas ambientales.